Educación y Sociedad
JUDICIAL
Comercializadoras,
clínicas y médicos deben sufragar los costos
TSJ ordenó reemplazo gratuito de
prótesis PIP en casos graves
75 mujeres serán las primeras
beneficiadas y corresponde al Ministerio de Salud determinar los procedimientos
EDGAR
LÓPEZ
elopez@el-nacional.com
La Sala Constitucional del
Tribunal Supremo de Justicia ordenó el retiro y reemplazo de las prótesis
mamarias marca PIP a costa de la sociedad mercantil Galaxia Médica, C.A., los
médicos y las clínicas que intervinieron en la mamoplastia, en los casos en
que, conforme al diagnóstico médico, no se pueda esperar por el desenlace
definitivo de la demanda interpuesta por la Defensoría del Pueblo en
representación de las afectadas.
De acuerdo con los registros del
movimiento Afectadas Prótesis PIP Venezuela, 75 mujeres que han sufrido los
efectos de la rotura de la cápsula y liberación del líquido periprotésico serán
las primeras beneficiadas por el fallo a dictado con ponencia de la magistrada
Gladys Gutiérrez.
El primer logro es que el TSJ
haya declarado el asunto relacionado con las PIP como tema de salud pública.
Con ello queda claro que no se trata de un pleito entre particulares, sino de
la afectación del derecho constitucional a la salud que, en este caso, se debe
preservar con la prohibición de colocar prótesis PIP o de cualquier otra marca
no autorizada por el Ministerio de la Salud.
Con una especificación poco
usual, en la parte dispositiva de la sentencia se describen los procedimientos
para brindar atención integral a las víctimas más gravemente afectadas y las
obligaciones que deben cumplir los involucrados.
Los médicos en libre ejercicio, a
través de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y
Maxilofacial, deben: suministrar información a las pacientes sobre la marca de
los implantes, conservar las historias médicas y realizar de forma gratuita los
chequeos y exámenes a quienes operaron y a quienes se colocaron implantes
mamarios marca PIP, lo cual incluye, entre otros, una mamografía digital que
cuesta entre 600 y 800 bolívares.
Las clínicas privadas, a través
de la Asociación Venezolana de Clínicas Privadas, deben realizar gratuitamente
los exámenes de diagnóstico necesarios a las pacientes que se operaron y portan
implantes mamarios marca PIP.
Por orden del TSJ, el Ministerio
de la Salud debe elaborar una planilla de registro de datos, en su página web,
para que quienes portan prótesis mamarias marca PIP (fabricadas por la compañía
Poly Implant Prothèse) se inscriban para elaborar una lista de las afectadas.
El Ministerio de la Salud debe
definir los trámites que realizarán las afectadas. También deben establecer un
protocolo para la actuación de los médicos que hicieron implantes PIP. El
objetivo fijado por la Sala Constitucional es que se determine con la mayor
precisión qué debe hacer el paciente y qué debe hacer el médico, para aligerar
los procedimientos administrativos y minimizar los riesgos quirúrgicos
asociados al retiro y reemplazo de las prótesis.
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